¿Cómo prueba el perito sus costos y gastos?.

El perito o la entidad encargada de realizar el dictamen pericial, tiene el deber de soportar los costos y los gastos en los que incurre en su labor; por ende, deberá acompañar en la reclamación que este haga de dichas expensas, las facturas, documentos equivalentes, cuentas de cobro, egresos y/o recibos, necesarios para probar los gastos.

El Código General del Proceso, respecto de los soportes de los costos y gastos de la pericia, indica:

Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.[1] (Subrayado fuera de texto).

Aquellas sumas entregadas al perito como costos y/o gastos provisionales, sobre las cuales no se acreditan los soportes respectivos, deberán ser reembolsadas por el auxiliar de la justicia a órdenes del juzgado o Tribunal.

El perito no podrá imputar los emolumentos recibidos para gas- tos, a los honorarios que aún no han sido decretados; sin embargo, el juez o Tribunal podrá, una vez determinados los honorarios definitivos, autorizar al perito para compensarlos con todo o parte del monto de los gastos recibidos que debería devolver.

 

El pago del dictamen pericial previo o de parte, no invalida la prueba.

El dictamen pericial previo o de parte, es pagado por quien lo aporta con la demanda, la demanda de reconvención, las reformas a las anteriores o con la contestación, pero si la parte es quien elige el perito y a su vez es quien sufraga los honorarios por realizar el trabajo pericial al auxiliar de la justicia, la pregunta que surge a continuación, es si dicha retribución que recibe el perito, vicia la prueba pericial; cuestionamiento que no es ajeno a la legislación, y sobre el cual el Código General del Proceso, indicó:

“No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio.” [2]

Del tenor de la norma citada, se puede colegir que el legislador dispuso que el perito puede recibir una “retribución proporcional” al trabajo pericial desplegado por él, retribución que es pagada por la parte que contrató sus servicios, la cual solo define el objeto del dictamen, pero no interfiere con la labor pericial, y mucho menos con el contenido y las conclusiones del experticio.

El pago derivado del contrato de prestación de servicios que el perito acuerda con la parte no compromete la objetividad e independencia del experto, y no vicia por ende el dictamen pericial.

Es el perito quien pone los frenos, dispone objetivamente la planeación y ejecución de los exámenes, experimentos, métodos o pruebas a realizar o recaudar, sin importarle el resultado de su dictamen, sea este conveniente o no para la parte, tomando todo aquello que convenga a quien lo contrata o a su opositor.

De lo expuesto deviene la relevancia que tiene la prestancia, experiencia y prestigio del perito, indicadores estos, de que el mismo no permitirá intromisiones en su trabajo, mandatos, filtros, guías o interferencias en su dictamen.

Ya que el pago no vicia el dictamen, ni al experto, deberán influir otros factores o circunstancias para que se pueda predicar falta de objetividad e independencia del experto, lo que es analizado en el acápite de los vicios y falencias del perito y del dictamen pericial.

La doctrina ha dicho sobre el alcance de la norma en comento, que:

Esta norma es de especial importancia cuando se trate de determinar cuáles son los impedimentos o inhabilidades de los pe- ritos de parte. Dichas causales solo serán aplicables respecto de dichos peritos cuando estén desvinculadas del hecho consisten- te en que el perito de parte es contratado por una parte y recibe una retribución por la labor realizada.

La prohibición de pactar prima de éxito se introdujo en esta norma porque los redactores consideraron que, si dicho perito tenía interés económico en el resultado del proceso, no obraría imparcialmente; dicha restricción desconoce que el perito de parte, por tener tal condición, tiene interés (sic) e en que su opinión sea acogida por el juez y fue contratado por la parte para que la sustente en su dictamen y la defienda en la audiencia.[3]

No estamos en acuerdo con el autor en que exista algún interés por parte del perito dado que se perdería la objetividad, no se trata de la defensa de un “interés”, sino de la defensa de una posición científica, técnica, académica o artística, la cual sustentará tanto en el dictamen pericial, como en la audiencia de contradicción del mismo.

[1] Código General del Proceso, artículo 230, inciso 3.

[2] Código General del Proceso, artículo 235, parágrafo único.

[3] BERMÚDEZ MUÑOZ, Martín.


Autor: Cesar Mauricio Ochoa Pérez

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