Los medios de prueba, según la doctrina son: “… los instrumentos y órganos que le suministran al juez el conocimiento de los hechos que integran el tema de la prueba (…)”[1].

Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho respecto de la prueba, que:

Las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos”[2].

Las altas Cortes colombianas, a través de su jurisprudencia han construido un concepto o noción sobre lo que ha de entenderse por el medio probatorio pericial; precedentes que consideramos necesario abordar, con el fin de ilustrar a quienes crean conveniente tener una noción general sobre el concepto que de pericia tienen los cuerpos colegiados jurisdiccionales.

Respecto del dictamen como medio de prueba, la Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia ratificando que “el experticio”, “la experticia”, “el informe pericial” o “el dictamen pericial”, sin importar su denominación sino su sustancia, es un medio de prueba en sí mismo:

“La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate.  En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso.  Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. (Subrayado fuera de texto)[3].

El Consejo de Estado por su parte, ha reconocido la experticia como un medio probatorio, en las decisiones que ha adoptado:

En este sentido la doctrina, con base en la ley, enseña que el dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que, la persona versada en la materia de que se trate, hace para dilucidar la controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos, por lo cual se dice que la pericia es una declaración de ciencia, ya sea técnica, científica o artística, es decir, que la prueba no recae sobre puntos de derecho (num. 1 art. 236 C. P. C)”[4]. (Subrayado fuera de texto).

El dictamen como prueba según el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de Estado ha dicho[5] que el informe pericial deberá cumplir con unas condiciones para que sea aceptado como medio probatorio dentro del procedimiento que se esté llevando, las cuales podríamos resumir así:

  1. Que la peritación sea procedente para verificar hechos que requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos;
  2. Deberá contener el dictamen conclusiones y conceptos cualificados en materia científica, artística o técnica;
  • Tendrá que estar motivado en forma clara, oportuna, detallada y suficiente; y
  1. Deberá ser claro, preciso y detallado, lo cual consiste que en el dictamen se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos usados para llegar a las conclusiones.

En el mismo fallo, la alta Corte ha expresado que el dictamen pericial “ (…) será eficaz cuando en él consten los fundamentos de las conclusiones, habida cuenta que “si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes”; y continua diciendo: “(…) Corresponde al juez apreciar ese aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable”.

Así mismo, el Consejo de Estado expresa que las conclusiones del dictamen pericial deben ser claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos, toda vez que “(…) la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Este requisito es consecuencia del anterior. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre ellos o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen pericial no puede tener eficacia probatoria[6].

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha dicho que el medio de prueba no es el informe pericial en sí mismo, lo que realmente tendrá eficacia probatoria es la técnica o procedimiento realizado por el perito y su sustento, siendo esto lo que se tendrá en cuenta en el proceso como medio probatorio:

(…) el medio de prueba no es propiamente el dictamen del perito, sino el procedimiento técnico científico empleado para su examen, pues es éste el que en definitiva el que convencerá al juez de su acierto o desatino. Por ello se ha dicho que cuanto interesa al juzgador tratándose de pericia documentaria no es la conclusión en sí, sino la forma como fue adoptada[7] (Subrayado fuera de texto)

De la jurisprudencia antes reseñada y transcrita, se evidencia que hay una posición reiterada en las Altas Cortes Colombianas donde se tiene claro que la pericia es un medio de prueba, que consiste en que un experto arribe a conclusiones técnicas, científicas o artísticas, por medio de experimentos, investigaciones o exámenes de reconocido valor técnico, de las cuales dejará una detallada y completa descripción, dado que el medio de prueba, está no solo constituido por las conclusiones del dictamen, sino también por el procedimiento desplegado y los fundamentos utilizados por el perito.

 

[1] PARRA QUIJANO, Jairo. Op. Cit., pág. 281.

[2] Corte Constitucional, Sentencia C–830 de 2002.

[3] Corte Constitucional, Sentencia C-124 del 2011.

[4] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Consejero ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ. Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil cinco (2005). Expediente número 27998.

[5] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO; SECCIÓN TERCERA: C. P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ., Sentencia del catorce (14) de abril de dos mil diez (2010). Exp. N° 25000-23-31-000-1993-09448-01(16432).

[6] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-31-000-1993-09448-01(16432).

[7] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. M. P.  JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil trece (2013). Radicado: 39559.


Autor: Cesar Mauricio Ochoa Pérez

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