La jurisprudencia reconocía que los vicios o falencias significativas que se presentaban en el informe pericial, debían de subsanarse mediante el incidente de la objeción por error grave; fue así como se desarrolló un concepto sobre lo que debería considerarse por error grave. Constancia de ello, se encuentra en el expediente número 34387 del 13 de septiembre de 2011, en donde la Corte Suprema de Justicia hace un recorrido histórico jurisprudencial sobre lo que esta Corporación judicial ha entendido por error grave:

“(…) la objeción por error grave se puede formular contra los dictámenes periciales, conforme a lo establecido por el artículo 238 del C. de P. C. Desde hace un buen tiempo, la Corte Suprema de Justicia ha venido manejando como criterio para determinar cuándo el error es grave, a tenor de lo establecido en el artículo 238 del CPC, el del “error manifiesto de hecho”, esto es, aquel que “debe ser manifiesto, protuberante, además de importante cuantía si se trata de regulaciones numéricas como avalúos o respecto a un punto importante en los demás casos”. Dicha postura inicial de la Corte Suprema de Justicia, ha sido matizada por la Sala en sus precedentes, entendiéndose por error grave “…‘una falla de entidad en el trabajo de los expertos’, de ahí que no cualquier error tenga esa connotación. Ahora bien, la prosperidad de la objeción supone que el objetante acredite las circunstancias que, su juicio, originan el error; para ello puede solicitar las pruebas que estime pertinentes o, si lo considera suficiente, limitarse a esgrimir los argumentos que fundamentan su objeción”. A lo que se agregó, en posterior precedente, que se, “… requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, se ha dicho que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos”. Recientemente, el precedente de la Sala señala que para la configuración del error grave, “… el pronunciamiento técnico impone un concepto equivocado o un juicio falso sobre la realidad, pues las bases sobre las que está concebido, además de erróneas, son de tal entidad que provocan conclusiones equivocadas en el resultado de la experticia. En consecuencia, resultan exigentes los parámetros para la calificación del error grave, quedando claro, que aún la existencia de un “error”, no significa automáticamente la calificación de “error grave”.” (Subrayado fuera de texto).

Con la expedición del Código General del Proceso y el Estatuto arbitral se elimina la posibilidad de solicitar la objeción por error grave e incluso se crean disposiciones que se compilan en estos códigos, con la prohibición taxativa de solicitar dicho trámite especial.

De las disposiciones que regulan la pericia como medio probatorio, se extrae que el medio de control que queda para discutir ante el juez o árbitro el dictamen y su contenido, será la contradicción fijada en los estatutos procesales, momento procesal por el que debe transitar el dictamen, dado que este otorga el verdadero derecho de defensa a las partes, a través de la exposición del perito, el interrogatorio que le practique cada una de las partes y el juez, las solicitudes de aclaración, complementación o adición y de los errores que indilgue la parte al dictamen, junto con las pruebas pertinentes para demostrarlos.

El artículo 228 del CGP, inciso final y el Estatuto Arbitral en el artículo 31, inciso 5, reproducen de manera sincronizada la prohibición del trámite de objeción por error grave, así:

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave”.

El legislador quiso simplificar aún más el trámite procesal, dado que en caso de que se presenten vicios que afecten la pericia, no se les otorgará un trámite especial por medio del cual se pueda desvirtuar o afectar la eficacia probatoria del informe pericial.

Si alguna parte pretende alegar un vicio en el dictamen, deberá:

  1. Solicitar la comparecencia del perito a la audiencia con el fin de que argumente su opinión científica, o
  2. Aportar otro dictamen que verse sobre los mismos hechos que se controvierten, o
  3. Realizar ambas actuaciones.[1]

Por su parte la Ley 1437 de 2011, norma que regula lo referente al procedimiento administrativo, ha dispuesto la posibilidad de la objeción por error grave para dirimir algún vicio que presente el dictamen, el cual puede ser solicitado por las partes en el momento procesal en que se esté contradiciendo el informe pericial, y así quedo consignado en el artículo 220, numeral 3:

Contradicción del dictamen aportado por las partes:

(…) En esa misma audiencia, las partes podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al dictamen y formular objeción por error grave, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 222 de este Código” (subrayado fuera de texto).

De lo anterior, se tiene que aparentemente en el procedimiento administrativo aún se sigue teniendo este trámite especial, por medio del cual las partes puedan exponer al juez administrativo los vicios que afectan el dictamen.

En el Código General del Proceso y en el Estatuto Arbitral, si cualquiera de las partes considera que se presenta un defecto o error en el dictamen, un juicio subjetivo o parcial, un estudio realizado a un objeto diferente, la falta de idoneidad y de argumentos técnicos científicos, entre otros vicios o falencias, deberá expresarlo en la contradicción del dictamen pericial, ya que no cuenta con el trámite especial de la objeción por error grave.

Tenemos entonces, que si el litigio se discute en la jurisdicción ordinaria o en la justicia arbitral, y una de las partes dentro del proceso invoca el trámite de objeción por error grave, le será denegado, toda vez que la norma procesal que regula estos procedimientos, ha vedado este trámite; pero de encontrarse en el procedimiento administrativo, podrá formular una objeción por error grave, expresando cualquiera de los motivos antes reseñados, en principio por tratarse de una norma de carácter especial y de no haber remisión expresa al Código General del Proceso.

[1] Código General del Proceso. Art. 228: “Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento.” (…). (subrayado fuera de texto).


Autor: Cesar Mauricio Ochoa Pérez

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