Es clara la norma[1] al prohibir “pactar prima de éxito”, toda vez que dicho acuerdo convertiría al perito en “asociado procesal de la parte”, con interés económico en las resultas del proceso, y pendería su “remuneración justa” del albur de la decisión judicial. El pago por el precio de los servicios debería ser anticipado, esto porque liberaría al experto de cualquier resquicio de subjetividad.

La prohibición se extiende a cualquier bonificación, cuota o remuneración ceñida al resultado del proceso, no es una prohibición de conducta típica que solo atienda a la denominada “prima de éxito”, se trata de cualquier pacto en el que penda la remuneración de las conclusiones del dictamen o de la providencia del juzgador en cierta dirección.

La remuneración del perito, debe ser una retribución proporcional y justa, que solo ha de tener en cuenta el volumen del trabajo desplegado por el perito y sus auxiliares, la experiencia, el reconocimiento, el prestigio, la prestancia y los conocimientos especializados utilizados para el dictamen; de manera alguna está atado a los resultados de la pericia y menos aún a los resultados del proceso.

Interés directo o indirecto del perito.

El parágrafo único del artículo 235 del CGP indica que: “No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen”.

En la norma se recalca que el perito no debe tener “interés directo o indirecto” en el proceso, a su vez dejó claro que el pago recibido por el perito de parte como retribución justa por su trabajo, no es un indicador de parcialidad o subjetividad en el peritaje.

Si el perito tiene “interés” en el proceso, significa que el experto espera que su trabajo “interesado”, se traduzca en: “Provecho, utilidad o ganancia”[2], términos lingüísticos, que son los sinónimos de interés, y estarían proscritos por la ley y los principios que rodean la pericia.

Sobre el interés directo e indirecto del perito ha dicho la doctrina:

Tendrán interés directo en el pleito, aquellos a los que les alcance el efecto de cosa juzgada de la sentencia. Así, cuando la sentencia que vaya a recaer en un pleito pueda afectar directamente al perito en su persona o patrimonio podrá ser tachado. Más impreciso es el (sic) llamada interés indirecto. Este puede concretarse en alguna clase de mejora o ganancia sea económica o moral que pueda conseguir el perito según el resultado del pleito. Sin embargo, es indudable la dificultad de apreciación de esta causa, ya que un cierto interés indirecto en un asunto lo tendrán todos los peritos, por cuanto existe una relación contractual de servicio del perito con la parte, y el mismo perito tendrá interés en que prevalezca su dictamen siquiera sea por interés profesional, lo que supone un interés indirecto en el asunto”.[3]

El interés directo consiste entonces en que una vez proferida la providencia judicial, el perito pueda resultar afectado en su patrimonio o en su persona, situación que se percibe una vez determinadas las partes que intervienen en el proceso, los terceros intervinientes o aquellos que puedan tener alguna afectación con el resultado del litigio.

En el interés indirecto no se observa prima facie, afectación al perito con los resultados del proceso; el interés está en su fuero interno o en los convenios ocultos o inaparentes que tenga con las partes.

El interés indirecto es legítimo cuando sea estrictamente académico, científico, técnico o profesional en que prevalezca su tesis o doctrina, ya que allí no se está viciando con dependencia, subjetividad o parcialidad el dictamen, sino que se está en defensa de su criterio pericial; si por el contrario, el interés es económico o afectivo respecto de la parte beneficiada con su dictamen, esté estará viciado por falta de independencia y objetividad.

Pago del dictamen pericial.   

Por retribución se entiende la “Recompensa o pago de algo” y por proporcionalidad la “conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí.[4]

El pago que se le hace al perito deberá ser conforme o en proporción con el trabajo realizado por él y sus auxiliares, teniendo en cuenta además el conocimiento, la experiencia, la prestancia, el prestigio y reconocimiento del experto; para pactar los honorarios se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la ley respecto de la prueba pericial.

Se trata de un contrato de prestación de servicios, en cuyo objeto hay normas imperativas que intervienen, y ponen condiciones especiales, como que el servicio deberá ser prestado de forma objetiva, imparcial e independiente y teniendo en cuenta lo que pueda beneficiar o perjudicar a la parte y su contraparte; además al acordar dicho contrato, el prestador del servicio, asume la investidura de un auxiliar de la justicia, que ejerce un oficio público ocasional.

 

[1] Código General del Proceso, artículo 235: Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito.

El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad.

En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o razones que puedan comprometer su imparcialidad.

Parágrafo.

No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo  o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio.”

[2] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición.

[3] SANJURJO RÍOS, Eva Isabel. La prueba pericial en el proceso civil: Procedimiento y valoración, citando a RIFA, Soler. Madrid. REUS. 2013.

[4] Diccionario de la Lengua Española. Op. Cit.


Autor: Cesar Mauricio Ochoa Pérez

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